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Posición de Atal con relación al proceso de Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

Con ocasión a la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobada por el Congreso de la República el 19 de abril de 2016, por medio del decreto 26-2016, y con la iniciativa presentada por el Presidente de la República el 13 de septiembre de 2016, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo ha considerado que en toda reforma al Sistema Político deben incluirse de forma prioritaria los siguientes aspectos: a) Fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral, aumentando el período de funciones de los magistrados, renovándolos de forma escalona y separando la funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas y políticas; b) Mejorar la representatividad de los funcionarios electos, es decir, acercar al ciudadano con sus representantes, por medio de la reducción del tamaño de los distritos electorales e incorporando un mecanismo que permita resolver la falta de control del ciudadano respecto de sus representantes; c) Mejorar la democratización del sistema político, disminuyendo los altos costos que implica la creación y funcionamiento de un partido político y permitiendo su creación con más legitimidad; d) Deben corregirse errores de la última reforma hecha a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del año 2016, en cuanto a la integración del Congreso de la República contenida en el artículo 205 de la ley, la cual no cumple con el criterio poblacional establecido en el artículo 157 constitucional. En este sentido, se sugiere adaptar la representatividad de cada departamento en función al crecimiento poblacional, dejando fijo el número total de representantes.

Asimismo se hacen comentarios a los aspectos prioritarios contenidos en el borrador de reformas a la ley electoral y de partidos políticos de la Comisión de Asuntos Electorales, respecto a la representatividad del sistema político mediante la reducción del tamaño de los distritos electorales y mediante la modificación del mecanismo de elección de diputados. Esta reforma, a pesar de considerarse crucial para acercar a electorado y sus representantes, no tomó en cuenta que la población cambia con el tiempo y establece un número tope de diputados (160) y un número de diputados fijo por distrito electoral; sin embargo, para que dicha representatividad funcione, es necesario establecer parámetros adecuados para la elección de dichos representantes. Por su parte, respecto al mecanismo de elección, el problema técnico que existe con dicha propuesta es que únicamente el voto por lista disfruta de transferibilidad, generando que éste sea potencialmente más poderoso que el voto personalista, lo cual no aporta algo positivo para lograr un sistema más representativo.

Entre otros aspectos, la propuesta de reforma de la Comisión de Asuntos Electorales también crea altas barreras de entrada que dificultan el ingreso de nuevos aspirantes políticos, aumentando los costos asociados a los partidos políticos, por lo que se recomienda que estas barreras de ingreso sean eliminadas para oxigenar el sistema político. En cuanto al fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, la propuesta de reforma de la Comisión de Asuntos Electorales es escueta en su regulación y no tiene como objetivo principal hacer más independiente a la instancia superior de este ente, ni reformar su gobernanza interna. En este sentido se recomienda que uno de sus propósitos debe ser la reorganización administrativa, separando funciones electorales de las políticas.

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