Como en años anteriores, a pesar de las diversas fragilidades que presenta el proyecto de Presupuesto del Estado para 2019, y con la recomendación de reducir el techo presupuestario a niveles que permitan la sostenibilidad fiscal (que implican un déficit fiscal no mayor al 2% del PIB), resulta imperativo que se proceda a su discusión y su consiguiente aprobación en aras de la certeza juridica y, principalmente, por razones de transparencia, eficiencia y gobernabilidad; de lo contrario, se generaría opacidad y confusión en la ejecución del gasto público.
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