La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo –ATAL-, ha venido analizando las diferentes propuestas que han surgido en relación a las necesarias reformas al Sistema de Justicia, contando con la participación de connotados juristas en temas constitucionales, así como de diferentes analistas. Al respecto, ATAL no está en contra de la iniciativa 5179, pues considera que la misma contiene propuestas positivas, pero resalta que también incluye aspectos que ameritan una profunda reflexión y algunos otros, una necesaria modificación.
Los indicadores de eficiencia, cobertura y calidad del sistema de justicia en Guatemala sugieren claramente que una reforma a dicho sistema es pertinente y necesaria para el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, condición indispensable para generar un ambiente propicio para el desarrollo integral de los guatemaltecos.
El fortalecimiento del Poder Judicial requiere de condiciones que propicien su independencia, imparcialidad y eficacia. Dicha independencia e imparcialidad se refleja, a lo interno del poder judicial, en la posibilidad de que los jueces puedan dictar sus resoluciones sin presiones o imposiciones de otros miembros del Poder Judicial; y, a lo externo, en la capacidad del Poder Judicial, como poder del Estado, de actuar autónomamente, sin que los otros poderes del Estado influyan sobre sus decisiones, ni condicionen su trabajo.
ATAL, considera que si bien es cierto que la referida iniciativa contiene propuestas positivas que representarán un avance considerable para el desarrollo del sistema de justicia en Guatemala, en cuanto a lograr su independencia e imparcialidad, también hay que resaltar que la iniciativa contiene aspectos puntuales que ameritan una profunda reflexión y otros que requieren una necesaria modificación, ya que de no quedar correctamente regulados ocasionarían un obstáculo para la aplicación de la justicia. Al respecto, ATAL elaboró un análisis técnico que revela la clara necesidad de enmendar, al menos, tres aspectos vitales: 1. La integración del Consejo Nacional de Justicia (reforma al artículo 209); 2. La independencia e imparcialidad del Ministerio Público (reforma al artículo 251); y, 3. Los principios de administración de justicia (reforma al artículo 205).
Cabe indicar que tanto la historia y experiencia guatemalteca como la experiencia internacional, confirman que cuando las reformas al Poder Judicial se realizan correctamente, el acceso a la justicia se beneficia pues se genera una institucionalidad que administra, ejecuta y gestiona sus recursos de mejor manera. Es por ello que el Congreso de la República, mediante una discusión apegada a los procedimientos que la ley establece, debe corregir los aspectos antes señalados; ya que, de lo contrario, si las reformas son aprobadas como fueron presentadas y se integran a la Constitución de la República, se perdería la oportunidad de dotar al sistema de Justicia de la imparcialidad y la independencia que evidentemente necesita.