Muchos han sido los esfuerzos por plantear cambios al sector justicia mediante reformas que no en todos los casos han sido exitosas. En el caso particular de Guatemala, las reformas que se han hecho a la Ley del Organismo Judicial demuestran ser de poco alcance, ya que se han centrado más en modificar aspectos de fondo y de procedimiento más que de la administración interna de los tribunales de justicia.
Se cree que para lograr cambios sustanciales en el Poder Judicial es necesario que las reformas cuenten con objetivos claros, medios para alcanzar esos objetivos y mecanismos de medición que se utilicen para determinar su éxito o su fracaso.
La manera de alcanzar lo anterior es sosteniendo al Poder Judicial sobre cuatro pilares fundamentales: a) El sistema de justicia debe tener claridad en su objetivo, el cual sería el de impartir y administrar justicia; b) También debe contar con autonomía operativa, la cual sugiere un cambio en la organización administrativa del Organismo Judicial. En este sentido, es importante introducir la idea de un gobierno y gerencia judicial a través del cual las funciones administrativas del Presidente del Organismo Judicial sean ajenas a los demás integrantes de la Corte Suprema de Justicia; c) El tercer pilar se refiere a la autonomía financiera, el cual a pesar de ser conteste con el mandato constitucional, sería necesario considerar una mayor asignación presupuestaria para que las reformas que se hagan puedan ejecutarse por medios legislativos o por políticas públicas; d) Por último, la transparencia y rendición de cuentas es el cuarto pilar para el fortalecimiento de la institución. Su implementación es fundamental para darle legitimidad social y política al Sistema de Justicia. Se propone un sistema abierto de información que permita evaluar su propio desempeño por parte de actores tanto públicos como privados, valiéndose de auditorías externas que garanticen su objetividad.