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El día 20 de abril de 2017, se llevó a cabo el coloquio sobre la Reforma a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad organizado por la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), con el propósito de que un grupo de abogados especialistas en materia constitucional intercambiaran puntos de vista sobre la Iniciativa de reforma a la ley constitucional, planteada por el diputado Oliverio García Rodas.  Los abogados participantes en la mesa principal fueron: Gabriel Orellana Rojas, Carlos Molina Mencos, Álvaro Castellanos, Lorena Escobar, Carmen María Gutiérrez de Colmenares y Eduardo Mayora.

En la primera parte del coloquio se discutieron ideas sobre la figura del amparo en general y su ámbito de aplicación. El mal uso de esta protección constitucional deviene, para algunos coloquiantes, por la ineficiencia del Poder Judicial para tutelar los derechos fundamentales de las personas y por otras circunstancias de aplicación, y para otros, por falta de una regulación clara. En aspectos jurisdiccionales, se reflexionó sobre la idea de promover la creación de tribunales constitucionales especializados, los cuales en primer grado podrían conocer la mayoría de amparos para reducir la carga de este tipo de procesos a los jueces de primera instancia. Por otra parte, algunos de los participantes reconocieron que la jurisprudencia es una de las principales fuentes del derecho que con el tiempo se ha desprestigiado, considerando la Corte de Constitucionalidad no ha sido eficiente en aclarar en materia categórica las reglas de la ley de la materia.

Durante el desarrollo de la segunda parte de este coloquio, los exponentes trataron lo relativo a la protección de intereses difusos y colectivos que pueden estar sujetos a la protección del amparo.  Algunas opiniones de los especialistas se dirigen a rechazar su regulación por tratarse de términos amplios que se encuentran susceptibles a diversas interpretaciones por parte de los jueces, mientras que otros resaltan la necesidad de que un tribunal constitucional determine los lineamientos sobre en qué casos podría plantearse. Asimismo se discutieron aspectos procedimentales que acarrea la propuesta de reforma respecto a los supuestos de procedencia del amparo provisional, y sobre la obligación que se le establece a los jueces de motivar el auto que lo resuelve, aspectos que  algunos especialistas consideraron innecesario regular. Otro punto discutido versó sobre si es justificable determinar limitaciones al amparo con el objeto de evitar el abuso en su planteamiento. Sobre esto algunos panelista defienden la postura de que la propuesta de reforma tiende a ser asimétrica e injusta para el amparista en la medida que se establecen demasiadas reglas para hacer viable su interposición.

Del debate surgieron otras posturas como la desnaturalización del amparo planteado por entidades públicas por no contar el Estado con derechos fundamentales como una persona individual. Se reflexionó que sus facultades son delegadas para cumplir con ciertas funciones específicas en su calidad de persona jurídica, por lo que no debe ser sujeto activo del amparo. Enumerar las condiciones en las cuales el Estado actúa en el ámbito del derecho privado o público se consideró que recaería en recoger aspectos de la práctica para regular esta garantía.

 

Comentarios a la Iniciativa 5179

Reforma Constitucional al Sistema de Justicia

La reforma al Sistema de Justicia en Guatemala debe estar vinculada al fortalecimiento de un sistema de justicia independiente, imparcial y eficaz. Dicha independencia e imparcialidad se manifiesta en dos sentidos: por una parte, a lo interno del poder judicial, situación en la cual un juez tenga la posibilidad de dictar sus resoluciones sin presiones de otros miembros del mismo poder; y por otra parte, a lo externo del poder judicial, que se refiere a la capacidad del poder judicial de poder actuar de forma autónoma y sin que los demás poderes del Estado influyan en sus decisiones.

Con el propósito de alcanzar lo anterior, y como producto de varias mesas de discusión en el marco del Diálogo Nacional para la Reforma al Sector Justicia, nace la Iniciativa 5179, que si bien aporta aspectos positivos para el desarrollo del sistema de justicia, también contiene aspectos que requieren modificación que causarían un retroceso a la justicia. Estos aspectos se enfatizan en los siguientes tres aspectos: 1) El primer aspecto se refiere a la propuesta de creación de un Consejo Nacional de Justicia, la cual falla respecto a la integración y asignación de funciones de la Dirección de la Carrera Judicial, así como de la Dirección Administrativa, pues no incluye la participación del Presidente del Organismo Judicial en ambas direcciones. Este aspecto le resta coherencia jerárquica al sistema judicial y crea un supra poder fuera de la Corte Suprema de Justicia; 2) El segundo aspecto se refiere a la independencia e imparcialidad del Ministerio Público, propuesta que debe modificarse eliminando la participación del Poder Judicial en la nominación de candidatos a Fiscal General para mantener la independencia institucional; 3) El tercer aspecto se refiere a la inclusión de nuevos principios en la administración de justicia, como el de equidad, asistencia legal y gratuita y la oralidad, principios que pueden sustituirse por otros como el de igualdad, o bien su regulación no merece estar en un nivel constitucional

La importancia del fortalecimiento institucional del Poder Judicial

Muchos han sido los esfuerzos por plantear cambios al sector justicia mediante reformas que no en todos los casos han sido exitosas. En el caso particular de Guatemala, las reformas que se han hecho a la Ley del Organismo Judicial demuestran ser de poco alcance, ya que se han centrado más en modificar aspectos de fondo y de procedimiento más que de la administración interna de los tribunales de justicia.

Actualmente el país se encuentra en un proceso de transición política que amerita de una agenda país que trace un camino viable para el fortalecimiento institucional y del estado de derecho. A continuación puede descargar una nueva propuesta de agenda país priorizada generada por Fundación 2020.

La situación de pobreza y pobreza extrema, la desigualdad en el nivel de ingresos, las crisis económicas, la transformación tecnológica y digital, así como el efecto de la globalización sobre el empleo, entre otros, están generando un debate sobre la implementación de una Renta Básica Universal -RBU- como mecanismo de protección social.