Archivo de documentos

La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo - ATAL-  realizó el análisis técnico anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018. A continuación puede descargar el documento el análisis de opinión sobre Proyecto de Presupuesto y boletín de prensa. Ambos documentos fueron repartidos a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República y todos los diputados de hemiciclo. 

 

Con ocasión a la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobada por el Congreso de la República el 19 de abril de 2016, por medio del decreto 26-2016, y con la iniciativa presentada por el Presidente de la República el 13 de septiembre de 2016, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo ha considerado que en toda reforma al Sistema Político deben incluirse de forma prioritaria los siguientes aspectos: a) Fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral, aumentando el período de funciones de los magistrados, renovándolos de forma escalona y separando la funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas y políticas; b) Mejorar la representatividad de los funcionarios electos, es decir, acercar al ciudadano con sus representantes, por medio de la reducción del tamaño de los distritos electorales e incorporando un mecanismo que permita resolver la falta de control del ciudadano respecto de sus representantes; c) Mejorar la democratización del sistema político, disminuyendo los altos costos que implica la creación y funcionamiento de un partido político y permitiendo su creación con más legitimidad; d) Deben corregirse errores de la última reforma hecha a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del año 2016, en cuanto a la integración del Congreso de la República contenida en el artículo 205 de la ley, la cual no cumple con el criterio poblacional establecido en el artículo 157 constitucional. En este sentido, se sugiere adaptar la representatividad de cada departamento en función al crecimiento poblacional, dejando fijo el número total de representantes.

Asimismo se hacen comentarios a los aspectos prioritarios contenidos en el borrador de reformas a la ley electoral y de partidos políticos de la Comisión de Asuntos Electorales, respecto a la representatividad del sistema político mediante la reducción del tamaño de los distritos electorales y mediante la modificación del mecanismo de elección de diputados. Esta reforma, a pesar de considerarse crucial para acercar a electorado y sus representantes, no tomó en cuenta que la población cambia con el tiempo y establece un número tope de diputados (160) y un número de diputados fijo por distrito electoral; sin embargo, para que dicha representatividad funcione, es necesario establecer parámetros adecuados para la elección de dichos representantes. Por su parte, respecto al mecanismo de elección, el problema técnico que existe con dicha propuesta es que únicamente el voto por lista disfruta de transferibilidad, generando que éste sea potencialmente más poderoso que el voto personalista, lo cual no aporta algo positivo para lograr un sistema más representativo.

Entre otros aspectos, la propuesta de reforma de la Comisión de Asuntos Electorales también crea altas barreras de entrada que dificultan el ingreso de nuevos aspirantes políticos, aumentando los costos asociados a los partidos políticos, por lo que se recomienda que estas barreras de ingreso sean eliminadas para oxigenar el sistema político. En cuanto al fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, la propuesta de reforma de la Comisión de Asuntos Electorales es escueta en su regulación y no tiene como objetivo principal hacer más independiente a la instancia superior de este ente, ni reformar su gobernanza interna. En este sentido se recomienda que uno de sus propósitos debe ser la reorganización administrativa, separando funciones electorales de las políticas.

 

La idea de la existencia de una única fuente de derecho es una de las ideas más cuestionadas en el siglo veintiuno. Debido a la globalización y a la búsqueda de fuentes más eficientes para resolver conflictos, actualmente el pluralismo jurídico es un fenómeno innegable que, en países como Guatemala, se manifiesta claramente a través del derecho indígena, entendido como el derecho de los pueblos maya, xinca y garífuna. La falta de presencia del Estado en las áreas rurales del país genera la necesidad de utilizar fuentes alternativas a la ley para resolver conflictos, por lo que estas comunidades continúan rigiéndose por sus propias costumbres, tradiciones y sistemas. Bajo esa perspectiva, parte del proyecto de reformas constitucionales planteadas recientemente pretende reconocer a nivel constitucional el derecho indígena, postura que ha generado opiniones adversas de quienes defienden un único sistema jurídico y de quienes reconocen la diversidad cultural en el país.

El concepto de que el derecho tiene un único origen sigue siendo predominante, por lo que considerar el pluralismo jurídico como un sistema competitivo de fuentes significa un reto y una realidad que se debe analizar. En el texto se aborda la posibilidad de que el derecho oficial y otras formas de derecho puedan coexistir en la medida que representa ser más beneficioso en términos de armonía social, evitando el separatismo y la búsqueda de la autodeterminación. Su reconocimiento podría fomentar la inclusión de otros valores, costumbres y sistemas que producirían decisiones más democráticas y legítimas, así como hacer parte a otras comunidades en la vida pública permitiéndoles incidir en las decisiones.

La inquietud generalizada, entre otras, sobre la aplicación del pluralismo jurídico es el empoderamiento de grupos indígenas para cometer actos contrarios a los derechos humanos. La creación de reglas de coordinación es necesaria para que se establezcan autoridades que ejerzan control constitucional y subordinen su jurisdicción especial al respeto de los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente. A pesar de que no ha sido analizada abiertamente, la coexistencia del derecho indígena y el derecho estatal no es un fenómeno nuevo en Guatemala. La Constitución guatemalteca, otros cuerpos normativos, así como las Cortes han establecido la obligación de reconocer el pluralismo jurídico expresando el respeto a sus costumbres y sus formas de organización, de lo cual se puede comprender una visión más pluralista en la que coexistan dos sistemas jurídicos, el oficial y el indígena.

Dentro de los beneficios que se pueden destacar de reconocer la jurisdicción indígena se pueden mencionar: i) el registro real de la conflictividad en el país, que ayudaría a prevenir los delitos mediante políticas públicas; ii) la competencia natural de sistemas de la cual predominará el sistema más fuerte por ser más eficiente; iii) el reconocimiento de una obligación que el Estado no puede continuar desatendiendo por generar cada vez más conflicto; y iv) que los grupos indígenas puedan dialogar por vías democráticas y no por mecanismos violentos. Por lo anterior, es necesario empezar un diálogo para reconocer el pluralismo jurídico en Guatemala para luego normar lo relativo a conflicto de normas y competencias.

Con el objeto de reflexionar sobre la Reforma a la Ley de Amparo, ATAL orgnizó un coloquio para discutir y reflexionar sobre la propuesta. Los abogados participantes fueron Carlos Rafael Rodríguez Cerna, Mario Fuentes Destarac, Carlos Molina Mencos, Rodolfo Rohrmoser, Anabella Morfín, Rosa Eugenia de Semrau y Estuardo Mata Palmieri. La discusión se centró en la importancia del Amparo, como herramienta de garantía para el derecho y acceso a justicia, y en el abuso que se ha hecho de ella. 

A continuación puede desacargar la ayuda de memoria generada en el evento. 

En el marco de la discusión sobre el fortalecimiento a la institucionalidad del Estado, se lanzó a nivel nacional una propuesta de reforma al Sector Justicia, que incluye modificaciones a la Constitución Política de la República sobre aspectos de la organización del Poder Judicial y de otros órganos parte de la administración de justicia. Con el propósito de participar de manera positiva en el debate, Fundación 2020 presenta algunas reflexiones de carácter técnico para contribuir a la organización de un sistema independiente e imparcial. Inicialmente se manifiesta que objetivo para alcanzar dicha independencia e imparcialidad debe entenderse en dos dimensiones: a lo interno del poder judicial, que significa la posibilidad de que un juez resuelva de forma independiente; y a lo externo del poder judicial, que se refiere a que como organismo del Estado pueda actuar sin presiones del resto de poderes.

Bajo esa perspectiva, se propone que los enfoques sobre la reforma al sistema de justicia puedan dirigirse en dos sentidos: a) de abajo hacia arriba, que son aquellas relacionadas con el acceso de los ciudadanos al sistema respecto a temas como la mora judicial y cumplimiento de las resoluciones judiciales, entre otras; b) de arriba hacia abajo, aquellas referentes con el diseño institucional y orgánico del Poder Judicial. Distinguir este tipo de reformas es beneficioso para no desviar el debate en aspectos que no son propios de la materia, lo que permitirá mejorar el aspecto de acceso a la justicia.

Los temas relevantes a tomar en cuenta versan sobre la necesidad de observar estrictamente la normativa constitucional durante el proceso de reforma, así como respetar que dicho proceso debe estar sujeto a los límites formales y materiales de toda reforma constitucional, o sea, a los límites referentes al procedimiento de reforma per sé y al contenido de dichas reformas. De esa cuenta, es importante señalar que, por una parte, cualquier reforma constitucional conlleva la aplicación de un mecanismo que se encuentra establecido en la propia Constitución, que indica el procedimiento para su modificación y alteración; y por otra, que además de los límites procedimentales, una reforma constitucional no debe menoscabar derechos inherentes a la persona humana.

Otro aspecto considerado en el texto se refiere al enfoque que debe inspirar el fortalecimiento al Poder Judicial y la integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Carrera Judicial, considerando positivo que ésta última comprenda desde la judicatura de paz hasta la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, y sugiriendo por su parte, que los miembros del Pleno de Magistrados no sean electos al mismo tiempo, sino mediante un modelo de renovación parcial escalonada. Se resalta la necesidad de aumentar la independencia del Ministerio Público a través de un proceso transparente y público de elección de Fiscal General sin injerencia del Poder Judicial, así como el fortalecimiento a la Corte de Constitucionalidad y el reconocimiento de la jurisdicción indígena en Guatemala, para lo cual se propone establecer los parámetros que ordenen la discusión nacional de este tema. Sobre la figura del antejuicio, se sugiere eliminar progresivamente dicha prerrogativa a favor de funcionarios públicos, en la medida en que se afiance el fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia.