Archivo de documentos

Con el objeto de reflexionar sobre la Reforma a la Ley de Amparo, ATAL orgnizó un coloquio para discutir y reflexionar sobre la propuesta. Los abogados participantes fueron Carlos Rafael Rodríguez Cerna, Mario Fuentes Destarac, Carlos Molina Mencos, Rodolfo Rohrmoser, Anabella Morfín, Rosa Eugenia de Semrau y Estuardo Mata Palmieri. La discusión se centró en la importancia del Amparo, como herramienta de garantía para el derecho y acceso a justicia, y en el abuso que se ha hecho de ella. 

A continuación puede desacargar la ayuda de memoria generada en el evento. 

En el marco de la discusión sobre el fortalecimiento a la institucionalidad del Estado, se lanzó a nivel nacional una propuesta de reforma al Sector Justicia, que incluye modificaciones a la Constitución Política de la República sobre aspectos de la organización del Poder Judicial y de otros órganos parte de la administración de justicia. Con el propósito de participar de manera positiva en el debate, Fundación 2020 presenta algunas reflexiones de carácter técnico para contribuir a la organización de un sistema independiente e imparcial. Inicialmente se manifiesta que objetivo para alcanzar dicha independencia e imparcialidad debe entenderse en dos dimensiones: a lo interno del poder judicial, que significa la posibilidad de que un juez resuelva de forma independiente; y a lo externo del poder judicial, que se refiere a que como organismo del Estado pueda actuar sin presiones del resto de poderes.

Bajo esa perspectiva, se propone que los enfoques sobre la reforma al sistema de justicia puedan dirigirse en dos sentidos: a) de abajo hacia arriba, que son aquellas relacionadas con el acceso de los ciudadanos al sistema respecto a temas como la mora judicial y cumplimiento de las resoluciones judiciales, entre otras; b) de arriba hacia abajo, aquellas referentes con el diseño institucional y orgánico del Poder Judicial. Distinguir este tipo de reformas es beneficioso para no desviar el debate en aspectos que no son propios de la materia, lo que permitirá mejorar el aspecto de acceso a la justicia.

Los temas relevantes a tomar en cuenta versan sobre la necesidad de observar estrictamente la normativa constitucional durante el proceso de reforma, así como respetar que dicho proceso debe estar sujeto a los límites formales y materiales de toda reforma constitucional, o sea, a los límites referentes al procedimiento de reforma per sé y al contenido de dichas reformas. De esa cuenta, es importante señalar que, por una parte, cualquier reforma constitucional conlleva la aplicación de un mecanismo que se encuentra establecido en la propia Constitución, que indica el procedimiento para su modificación y alteración; y por otra, que además de los límites procedimentales, una reforma constitucional no debe menoscabar derechos inherentes a la persona humana.

Otro aspecto considerado en el texto se refiere al enfoque que debe inspirar el fortalecimiento al Poder Judicial y la integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Carrera Judicial, considerando positivo que ésta última comprenda desde la judicatura de paz hasta la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, y sugiriendo por su parte, que los miembros del Pleno de Magistrados no sean electos al mismo tiempo, sino mediante un modelo de renovación parcial escalonada. Se resalta la necesidad de aumentar la independencia del Ministerio Público a través de un proceso transparente y público de elección de Fiscal General sin injerencia del Poder Judicial, así como el fortalecimiento a la Corte de Constitucionalidad y el reconocimiento de la jurisdicción indígena en Guatemala, para lo cual se propone establecer los parámetros que ordenen la discusión nacional de este tema. Sobre la figura del antejuicio, se sugiere eliminar progresivamente dicha prerrogativa a favor de funcionarios públicos, en la medida en que se afiance el fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia.

El día 20 de abril de 2017, se llevó a cabo el coloquio sobre la Reforma a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad organizado por la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), con el propósito de que un grupo de abogados especialistas en materia constitucional intercambiaran puntos de vista sobre la Iniciativa de reforma a la ley constitucional, planteada por el diputado Oliverio García Rodas.  Los abogados participantes en la mesa principal fueron: Gabriel Orellana Rojas, Carlos Molina Mencos, Álvaro Castellanos, Lorena Escobar, Carmen María Gutiérrez de Colmenares y Eduardo Mayora.

En la primera parte del coloquio se discutieron ideas sobre la figura del amparo en general y su ámbito de aplicación. El mal uso de esta protección constitucional deviene, para algunos coloquiantes, por la ineficiencia del Poder Judicial para tutelar los derechos fundamentales de las personas y por otras circunstancias de aplicación, y para otros, por falta de una regulación clara. En aspectos jurisdiccionales, se reflexionó sobre la idea de promover la creación de tribunales constitucionales especializados, los cuales en primer grado podrían conocer la mayoría de amparos para reducir la carga de este tipo de procesos a los jueces de primera instancia. Por otra parte, algunos de los participantes reconocieron que la jurisprudencia es una de las principales fuentes del derecho que con el tiempo se ha desprestigiado, considerando la Corte de Constitucionalidad no ha sido eficiente en aclarar en materia categórica las reglas de la ley de la materia.

Durante el desarrollo de la segunda parte de este coloquio, los exponentes trataron lo relativo a la protección de intereses difusos y colectivos que pueden estar sujetos a la protección del amparo.  Algunas opiniones de los especialistas se dirigen a rechazar su regulación por tratarse de términos amplios que se encuentran susceptibles a diversas interpretaciones por parte de los jueces, mientras que otros resaltan la necesidad de que un tribunal constitucional determine los lineamientos sobre en qué casos podría plantearse. Asimismo se discutieron aspectos procedimentales que acarrea la propuesta de reforma respecto a los supuestos de procedencia del amparo provisional, y sobre la obligación que se le establece a los jueces de motivar el auto que lo resuelve, aspectos que  algunos especialistas consideraron innecesario regular. Otro punto discutido versó sobre si es justificable determinar limitaciones al amparo con el objeto de evitar el abuso en su planteamiento. Sobre esto algunos panelista defienden la postura de que la propuesta de reforma tiende a ser asimétrica e injusta para el amparista en la medida que se establecen demasiadas reglas para hacer viable su interposición.

Del debate surgieron otras posturas como la desnaturalización del amparo planteado por entidades públicas por no contar el Estado con derechos fundamentales como una persona individual. Se reflexionó que sus facultades son delegadas para cumplir con ciertas funciones específicas en su calidad de persona jurídica, por lo que no debe ser sujeto activo del amparo. Enumerar las condiciones en las cuales el Estado actúa en el ámbito del derecho privado o público se consideró que recaería en recoger aspectos de la práctica para regular esta garantía.

 

Comentarios a la Iniciativa 5179

Reforma Constitucional al Sistema de Justicia

La reforma al Sistema de Justicia en Guatemala debe estar vinculada al fortalecimiento de un sistema de justicia independiente, imparcial y eficaz. Dicha independencia e imparcialidad se manifiesta en dos sentidos: por una parte, a lo interno del poder judicial, situación en la cual un juez tenga la posibilidad de dictar sus resoluciones sin presiones de otros miembros del mismo poder; y por otra parte, a lo externo del poder judicial, que se refiere a la capacidad del poder judicial de poder actuar de forma autónoma y sin que los demás poderes del Estado influyan en sus decisiones.

Con el propósito de alcanzar lo anterior, y como producto de varias mesas de discusión en el marco del Diálogo Nacional para la Reforma al Sector Justicia, nace la Iniciativa 5179, que si bien aporta aspectos positivos para el desarrollo del sistema de justicia, también contiene aspectos que requieren modificación que causarían un retroceso a la justicia. Estos aspectos se enfatizan en los siguientes tres aspectos: 1) El primer aspecto se refiere a la propuesta de creación de un Consejo Nacional de Justicia, la cual falla respecto a la integración y asignación de funciones de la Dirección de la Carrera Judicial, así como de la Dirección Administrativa, pues no incluye la participación del Presidente del Organismo Judicial en ambas direcciones. Este aspecto le resta coherencia jerárquica al sistema judicial y crea un supra poder fuera de la Corte Suprema de Justicia; 2) El segundo aspecto se refiere a la independencia e imparcialidad del Ministerio Público, propuesta que debe modificarse eliminando la participación del Poder Judicial en la nominación de candidatos a Fiscal General para mantener la independencia institucional; 3) El tercer aspecto se refiere a la inclusión de nuevos principios en la administración de justicia, como el de equidad, asistencia legal y gratuita y la oralidad, principios que pueden sustituirse por otros como el de igualdad, o bien su regulación no merece estar en un nivel constitucional

La importancia del fortalecimiento institucional del Poder Judicial

Muchos han sido los esfuerzos por plantear cambios al sector justicia mediante reformas que no en todos los casos han sido exitosas. En el caso particular de Guatemala, las reformas que se han hecho a la Ley del Organismo Judicial demuestran ser de poco alcance, ya que se han centrado más en modificar aspectos de fondo y de procedimiento más que de la administración interna de los tribunales de justicia.