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El presente documento tiene como objetivo evaluar de qué manera los resultados mostrados por el índice de pobreza calculado por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, basado en los resultados de las encuestas de condiciones de vivienda -Encovi-, podrían diferir si se utilizaran metodologías alternativas (multidimensionales) para su cálculo.

Para el efecto, se hace un recorrido a través de los aspectos teóricos y metodológicos desde las medidas tradicionales de carácter monetario, los argumentos en favor de utilizar medidas multidimensionales, consideraciones respecto a la falta de criterios unificados para su aplicación, la experiencia de Guatemala, la comparación de los resultados entre estas aplicaciones y la experiencia latinoamericana, particularmente la de México.

El día 16 de febrero de  2018, en el Hotel Panamerican,  la Fundación 2020 realizó un curso/taller con periodistas.  El objetivo del mismo fue crear un proceso de exposición y retroalimentación de las propuestas base de políticas públicas de la Fundación 2020 y la experiencia de los formadores de opinión de los principales medios de comunicación del país.

La actividad se realizó en tres módulos, inició con la presentación del Director Ejecutivo Mario García Lara, sobre la situación del país y  la necesidad del fortalecimiento institucional. El segundo módulo fue dedicado a presentar las reformas institucionales prioritarias: Fortalecimiento del Sistema de Justicia, Reformas a la Ley del Organismo Judicial,  Rescate al Sistema Electoral, Reformas a la Ley del Servicio Civil y el Fortalecimiento a la Contraloría General de Cuentas;  que estuvo a cargo de los abogados Cesar Sigüenza y María Andrée Alcázar.

Por último, la actividad concluyó con un módulo diseñado para la discusión entre los periodistas y los expositores con el objetivo de dar cabida a la retroalimentación, privilegiando la opinión de los comunicadores participantes, quienes aportaron su experiencia y conocimientos.

La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo - ATAL-  realizó el análisis técnico anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018. A continuación puede descargar el documento el análisis de opinión sobre Proyecto de Presupuesto y boletín de prensa. Ambos documentos fueron repartidos a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República y todos los diputados de hemiciclo. 

 

Con ocasión a la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobada por el Congreso de la República el 19 de abril de 2016, por medio del decreto 26-2016, y con la iniciativa presentada por el Presidente de la República el 13 de septiembre de 2016, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo ha considerado que en toda reforma al Sistema Político deben incluirse de forma prioritaria los siguientes aspectos: a) Fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral, aumentando el período de funciones de los magistrados, renovándolos de forma escalona y separando la funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas y políticas; b) Mejorar la representatividad de los funcionarios electos, es decir, acercar al ciudadano con sus representantes, por medio de la reducción del tamaño de los distritos electorales e incorporando un mecanismo que permita resolver la falta de control del ciudadano respecto de sus representantes; c) Mejorar la democratización del sistema político, disminuyendo los altos costos que implica la creación y funcionamiento de un partido político y permitiendo su creación con más legitimidad; d) Deben corregirse errores de la última reforma hecha a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del año 2016, en cuanto a la integración del Congreso de la República contenida en el artículo 205 de la ley, la cual no cumple con el criterio poblacional establecido en el artículo 157 constitucional. En este sentido, se sugiere adaptar la representatividad de cada departamento en función al crecimiento poblacional, dejando fijo el número total de representantes.

Asimismo se hacen comentarios a los aspectos prioritarios contenidos en el borrador de reformas a la ley electoral y de partidos políticos de la Comisión de Asuntos Electorales, respecto a la representatividad del sistema político mediante la reducción del tamaño de los distritos electorales y mediante la modificación del mecanismo de elección de diputados. Esta reforma, a pesar de considerarse crucial para acercar a electorado y sus representantes, no tomó en cuenta que la población cambia con el tiempo y establece un número tope de diputados (160) y un número de diputados fijo por distrito electoral; sin embargo, para que dicha representatividad funcione, es necesario establecer parámetros adecuados para la elección de dichos representantes. Por su parte, respecto al mecanismo de elección, el problema técnico que existe con dicha propuesta es que únicamente el voto por lista disfruta de transferibilidad, generando que éste sea potencialmente más poderoso que el voto personalista, lo cual no aporta algo positivo para lograr un sistema más representativo.

Entre otros aspectos, la propuesta de reforma de la Comisión de Asuntos Electorales también crea altas barreras de entrada que dificultan el ingreso de nuevos aspirantes políticos, aumentando los costos asociados a los partidos políticos, por lo que se recomienda que estas barreras de ingreso sean eliminadas para oxigenar el sistema político. En cuanto al fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, la propuesta de reforma de la Comisión de Asuntos Electorales es escueta en su regulación y no tiene como objetivo principal hacer más independiente a la instancia superior de este ente, ni reformar su gobernanza interna. En este sentido se recomienda que uno de sus propósitos debe ser la reorganización administrativa, separando funciones electorales de las políticas.

 

La idea de la existencia de una única fuente de derecho es una de las ideas más cuestionadas en el siglo veintiuno. Debido a la globalización y a la búsqueda de fuentes más eficientes para resolver conflictos, actualmente el pluralismo jurídico es un fenómeno innegable que, en países como Guatemala, se manifiesta claramente a través del derecho indígena, entendido como el derecho de los pueblos maya, xinca y garífuna. La falta de presencia del Estado en las áreas rurales del país genera la necesidad de utilizar fuentes alternativas a la ley para resolver conflictos, por lo que estas comunidades continúan rigiéndose por sus propias costumbres, tradiciones y sistemas. Bajo esa perspectiva, parte del proyecto de reformas constitucionales planteadas recientemente pretende reconocer a nivel constitucional el derecho indígena, postura que ha generado opiniones adversas de quienes defienden un único sistema jurídico y de quienes reconocen la diversidad cultural en el país.

El concepto de que el derecho tiene un único origen sigue siendo predominante, por lo que considerar el pluralismo jurídico como un sistema competitivo de fuentes significa un reto y una realidad que se debe analizar. En el texto se aborda la posibilidad de que el derecho oficial y otras formas de derecho puedan coexistir en la medida que representa ser más beneficioso en términos de armonía social, evitando el separatismo y la búsqueda de la autodeterminación. Su reconocimiento podría fomentar la inclusión de otros valores, costumbres y sistemas que producirían decisiones más democráticas y legítimas, así como hacer parte a otras comunidades en la vida pública permitiéndoles incidir en las decisiones.

La inquietud generalizada, entre otras, sobre la aplicación del pluralismo jurídico es el empoderamiento de grupos indígenas para cometer actos contrarios a los derechos humanos. La creación de reglas de coordinación es necesaria para que se establezcan autoridades que ejerzan control constitucional y subordinen su jurisdicción especial al respeto de los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente. A pesar de que no ha sido analizada abiertamente, la coexistencia del derecho indígena y el derecho estatal no es un fenómeno nuevo en Guatemala. La Constitución guatemalteca, otros cuerpos normativos, así como las Cortes han establecido la obligación de reconocer el pluralismo jurídico expresando el respeto a sus costumbres y sus formas de organización, de lo cual se puede comprender una visión más pluralista en la que coexistan dos sistemas jurídicos, el oficial y el indígena.

Dentro de los beneficios que se pueden destacar de reconocer la jurisdicción indígena se pueden mencionar: i) el registro real de la conflictividad en el país, que ayudaría a prevenir los delitos mediante políticas públicas; ii) la competencia natural de sistemas de la cual predominará el sistema más fuerte por ser más eficiente; iii) el reconocimiento de una obligación que el Estado no puede continuar desatendiendo por generar cada vez más conflicto; y iv) que los grupos indígenas puedan dialogar por vías democráticas y no por mecanismos violentos. Por lo anterior, es necesario empezar un diálogo para reconocer el pluralismo jurídico en Guatemala para luego normar lo relativo a conflicto de normas y competencias.